La ley Guía y la prevención de los abusos eclesiales

Hace unos días el congresista Moisés Guía presentó un proyecto de ley que agrega un artículo a la ley 29635 (Ley de Libertad Religiosa). Este versa así:

Artículo 16: De los principios para el establecimiento de las entidades religiosas Las entidades religiosas se establecen en el país bajo la libertad que les brinda la Constitución Política del Perú. Se rigen bajo los principios, valores, cultura y prácticas democráticas, prohibiéndose prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas, así como actividades de proselitismo político. Su establecimiento y autorización se rige conforme al reglamento de la presente ley.

Este agregado a la ley 29635 contó con el apoyo de dos de las principales asociaciones de iglesias evangélicas peruanas: el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP). Por supuesto que esto no es gratuito, sino que surge a partir del escándalo de la Iglesia El Aposento Alto y su apóstol, Alberto Santana, aspirante a la Presidencia del Perú (ha creado su partido político, Perú Nación Poderosa), el cual por una "revelación divina" tuvo una concubina por varios años, evidentemente en secreto. Se suma a esto las afirmaciones de su hijo, Cohelet Santana, que en una prédica afirmó que la correa siempre hará que las esposas sean sumisas, esto es, una abierta apología a la violencia doméstica, y el incidente de la invasión a la explanada del estadio de Alianza Lima hecha por miembros de la congregación. También las enormes dudas respecto al financiamiento de algunas iglesias, las cuales han construido grandes templos (no es una discusión exclusiva del Perú. Aquí un ejemplo de Guatemala, citado en Puente) o han hecho gala de su poder económico. Aquí el congresista Guía ha mencionado a los diezmos y ofrendas, recalcando que ningún pastor o miembro de la iglesia se los puede adjudicar, haciendo velada evidencia a la familia Santana. También ha enfatizado el que las iglesias no pueden impedir el ingreso de nadie, ni tener ninguna práctica discriminatoria. Si esta existe, el Estado debe actuar de oficio. Esto último ha levantado las alertas de todos los conservadores, algunos de los cuales han mencionado alguna vez del derecho a discriminar.

Tras la publicación de este proyecto de ley, hay mucho alboroto en el entorno eclesial, desde los que están de acuerdo con las regulaciones y hasta los que afirman que esto viola su libertad religiosa. Como es usual, los que están en contra muestran una agresividad en redes que no se distingue de las oposiciones vistas en entornos no eclesiales. Que viva el testimonio. Tratando de analizar con algo de calma, pienso que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el evangelicalismo ya está profundamente politizado, y que este proyecto de ley debe circunscribirse a este contexto. En otras palabras, este proyecto es parte de la pugna existente en el seno de las iglesias. El intento de la prohibición del proselitismo político que han hecho líderes conservadores como el propio Santana, Rodolfo Gonzales, los Hornung, Linares, Rosas y otros, tiene un sentido evidente: restringir su participación política o el uso de la iglesia en beneficio de sus intereses o preferencias políticas. Aunque estoy muy de acuerdo con el que los púlpitos no deben ser usados jamás para la defensa o apología de un partido político ni para promocionar a algún candidato o para "moldear" el voto de los feligreses de la iglesia (porque la preferencia política debe tener la misma libertad de la preferencia religiosa), creo que el mecanismo no debe ser el que una ley lo haga. Las subjetividades son enormes, en especial cuando estamos en un entorno en el cual una confesión es la predominante, y tiene antecedentes de restringir las voces de otras tradiciones cristianas usando las plataformas del Estado para esto.

Lo segundo que observo es la mención al control que podría hacer el Estado en los aspectos económicos de las iglesias. El famoso diezmo. Por supuesto, en las iglesias se dan abusos enormes y la manipulación emocional y económica es pan de cada día. Hay demasiados casos. Pero hacer un control por parte del estado es en extremo difícil porque nuestra realidad eclesial es profundamente informal, tal cual es nuestra realidad económica. Hace diez años escribí algo pequeño al respecto, y las cosas han cambiado poco. Iglesias que no pagan beneficios sociales, iglesias que pagan menos del sueldo mínimo, iglesias que no pagan sueldo, iglesias que no tienen contabilidad, iglesias que no tienen políticas de análisis de las ofrendas que reciben (que potencialmente pueden estar dentro de un proceso de lavado de activos). Miles de iglesias independientes. El Estado ha demostrado ser incapaz de hacer un control efectivo del fenómeno informal; lo eclesial no será la excepción. Además, se presta a posibles presiones políticas o a contubernios con la autoridad de turno. Iglesias que se verías cuestionadas mientras otras que seguramente serían favorecidas. Sería un perjuicio enorme, solo pensando en los conflictos potenciales de esta hipotética situación.

Para cerrar, recalco que la intención de reglamentar esto por ley no es la mejor solución, pero sí resalto la idea de que algo debemos hacer como iglesias evangélicas. Tenemos un problema que hay que enfrentar, y decir que tenemos libertad de culto no basta. Debemos combatir los abusos. Bien lo dice Darío Lopez en su muro de FB:

...¿cómo determinar, para el caso de las confesiones religiosas, cuando ésta es o no democrática, o incurre en prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias al derecho de las personas? ¿Son democráticas las iglesias o tienen que serlo porque el Estado así lo determina? E incluso, hacía adentro, podrían formularse preguntas como: ¿Qué mecanismos y prácticas de regulación interna tienen las iglesias para prevenir y sancionar prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias al derecho de las personas? ¿Se deben o no prevenir y controlar estas malas prácticas?